miércoles, 21 de mayo de 2008

JUECES Y POLÍTICOS.

JUECES Y POLÍTICOS.

Aunque mi abuela, de muchacho para que me estuviera quieto ante un atropello a un familiar en los tiempos de la dictadura, me recomendaba que con la “justicia y la Inquisición, chitón”, como quiero ayudar a superar el dicho Quevedesco de que: “cuando no hay justicia tener razón es peligroso”, me voy a atrever a criticar la politización de la ídem.
Entresaco un titular de prensa: “El fallecimiento del vocal del Tribunal Constitucional, García Calvo, deja en empate el número de Magistrados progresistas y conservadores, por lo que, en la decisión de los recursos presentados por el Partido Popular, podrá decidir el voto de calidad de la Presidenta, Mª Emilia Casas de tendencia progresista”.
Entre los diversos recursos presentados por los populares, dos poseen mucha enjundia: el del Estatuto Catalán, y el llamar matrimonio a las uniones entre homosexuales.
A los impregnados por el sentimiento de lo justo se nos ocurre: los vocales deberían discutir, contrastar si el articulado catalán choca con el de la Constitución o si a la coyunda, legítima y allá ellos (con lo ricas que están las mujeres) entre dos, en lo genital iguales, varones o hembras, se le puede llamar matrimonio.
Pero, que de antemano se sepa lo que va a votar cada quien según su tendencia ideológica, su afinidad con los “peperos” y los “sociatas” a quienes cada cual le debe el puesto, ¡por favor!, chirría, estomagaba. Los que creemos, luchamos por un estado de derecho repetimos con Ortega y Unamuno: ¡No es esto!, ¡no es esto!.
Lo malo es que sospechamos, nos tememos que esa politización de arriba, Constitucional, Consejo General del Poder judicial, Tribunal Supremo, llega a algunos Juzgados pueblerinos, conozco algún caso que avala mi sospecha. Se lo cuento.
Un Alcalde, sin mediar provocación, ni palabra, insulta, agrede, golpea, lesiona a un ciudadano. En el juicio niega los hechos y presenta como coartada que, habiéndose incorporado a la reunión de una mancomunidad al finalizar ésta, unos minutos antes de producirse los denunciados hechos, desde entonces había estado acompañado de los demás alcaldes en sitio distinto donde sucedió la agresión hasta muchos tiempo después, en una comida.
Para probarlo presenta una certificación extendida por la, en aquel momento, Presidenta de la Mancomunidad, en la que manifiesta que se incorporó a la citada reunión, en el mismo minuto en que finalizó ésta.
Contra ese documento falso el Abogado del agredido presenta otro certificado, con todas las formalidades que el anterior no poseía, firmado por el Secretario y el nuevo Presidente de la citada Mancomunidad, en el que se copia literalmente el acta de la reunión, con la constancia de la inasistencia del edil agresor. Igualmente presenta denuncia por falsedad documental.
El agresor fue condenado en el juicio por ese hecho de la agresión, pero el Juzgado inadmite la denuncia por la presunta falsedad documental, agarrándose a que otro alcalde asistente, de la misma cuerda, dijo que vio a la salida al “compa” por los soportales. ¡Pero coño!, ¿se celebró acaso la reunión en los soportales?.
¡Bueno!: esa inadmisión judicial fue apelada. Ahora el Fiscal de la Audiencia Provincial, ante la petición del interesado, resumiendo mucho el lenguaje judicial, reabre el caso al que el Juzgado de Instrucción intentó dar carpetazo.
Como la justicia es un anhelo de las almas nobles hemos de luchar siempre por la misma. Y, como muchas veces la hacen los jueces, o si no el pueblo, esperemos sea en esta ocasión el Magistrado ponente quien dé merecido escarmiento a dos politiquillos agresores, con los puños y las letras “presuntamente” falsas, a un ciudadano.