Villalpando, (Zamora) 15 de enero de 2.025
Su Majestad don Felipe VI. Monarca Constitucional
Palacio de la Zarzuela.
M A D R I D.
Querido
amigo: Perdone que, al dirigirme a usted, adopte esta forma coloquial. Ello no
es consecuencia de una falta de respeto, sino de la estima y el cariño que le
profeso, junto a toda su familia.
En
el siglo XV los habitantes de esta villa, afligidos por guerras y pestes,
buscaron la intercesión divina a través de la Virgen María, cuya concepción sin
mancha de pecado original, juraron defender.
Puede
que en mi persona perdure el atavismo de los antepasados, por eso, ante la
preocupante situación de España en lo político, social y económico, busco a una
jerarquía superior que pueda remediarlo. No encuentro, no existe otra sino Su
Majestad. Usted, por Ley, es la más alta
jerarquía de la nación. Usted, por
sus enormes valores humanos es la más alta jerarquía en lo moral, en lo ético.
Usted puede, debe salvar a España.
Es un momento histórico. Hemos avanzado desde la azarosa monarquía de su
bisabuelo Alfonso XIII. Usted está dignificando la institución. Cuenta con el
cariño, el respeto, el calor popular, que expresamos así que tenemos ocasión,
la mayoría de los españoles, a quienes nos encantaría la intervención real en estos
momentos.
Preocupante
situación en lo económico y social:
Vivimos en
España 48.500.000 de personas. De
ellas 22 millones escasos, trabajan. Pensionistas
somos 9’3 millones. Sin trabajo, en
edad laboral, 6’5 millones. Si
sumamos los menores de 16 años, resulta que 26 millones y medio somos personas inactivas.
Si la carga
de pensionistas y parados es enorme, lo es más teniendo en cuenta que en edad
laboral CUATRO de cada DIEZ
españoles no trabaja.
Si no fuera
por la llegada de inmigrantes la población española hubiera entrado en
recesión. La tan escasa natalidad no hubiera cubierto el relevo generacional.
Mayor número de defunciones que de nacimientos. El aumento de población, de 40 millones en el 2.000 a 48’5 en la actualidad,
es gracias a la llegada de 8’5 millones
de inmigrantes. En edad laboral se incorporan al mercado UN MILLÓN DE
JÓVENES españoles menos que hace 20 años.
Gran
problema el de la inmigración, que debería estar regulada, controlada. Son, por
una parte necesarios, pero le llegada masiva de irregulares no es absorbible.
Nuestra
productividad, nuestro PIB, llevan años estancados. Aumenta la población pero
no la riqueza, los bienes de consumo. Los Presupuesto Generales del Estado son
deficitarios. Gastamos más que producidos, de ahí el recurso al endeudamiento,
a la deuda pública. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Peligran las pensiones en un
futuro no lejano.
TRES
MILLONES CUATROCIENTAS MIL viviendas vacías existen en España, si bien
distribuidas irregularmente, desde un 6`3% en Madrid. 250.000, hasta un 40% en
Orense.
En el medio
rural las desocupadas habitables, son el 70%, a pesar de los datos anteriores,
los precios en todas las ciudades, sobre todo en las grandes, son inasumibles
para los jóvenes.
El problema
de la vivienda está muy relacionado con el abandono de los pueblos. Otro grave
problema. Cada año se abandonan, por falta de relevo generacional, incluso relativamente modernas, explotaciones
de ovino y bovino de leche. La producción está cayendo en picado. algo que
también incide en el PIB.
Existe un
desajuste entre el sistema educativo y el laboral, algún millón de jóvenes se
forman para trabajos en los que no existe demanda; en cambio hay una oferta
laboral en la construcción, hostelería, geriatría, agricultura y ganadería que,
por falta de mano de obra, coarta estas actividades. Las residencias de
ancianos, por ej., si no fuera por los inmigrantes no subsistirían.
La
disminución de la natalidad de españolitos hace que a las Universidades, a las
carreras de mayor dificultad, no accedan jóvenes suficientes. Así empiezan a
escasear médicos. Si las aseguradoras cierran el concierto con MUFACE el
sistema público de salud no podrá atender a una población de DOS MILLONES a
mayores. Si ya, desde hace unos cuantos años nuestra sanidad pública, en las
consultas externas, es muy precaria. Las listas de espera pasan de un año,
impidiéndose así diagnósticos tempranos que aliviarían a la población a las
hospitalizaciones.
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Aunque
preocupante lo esbozado hasta ahora, no justificaría la decisión que, a su Majestad sugiero: DISOLVER LAS CORTES Y
CONVOCAR ELECCIONES GENERALES, sí, en cambio, justificaría esta decisión, sin el refrendo presidencial, la
gravedad de la situación política por la deriva autoritaria del actual gobierno,
por el riesgo cierto contra la unidad de España, por el intento de colonización
del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y Legislativo, maniobra típica de
los regímenes totalitarios, con lo que se rompería el principio constitucional
de la separación de poderes.
Aunque en
la literalidad de la Constitución Española, en el Art. 64, se dispone que “los actos del Rey serán refrendados
por el Presidente del Gobierno”, en el espíritu
de la misma en otros artículos de rango muy superior podríamos encontrar
apoyatura legal y, sobre todo, moral para la decisión aludida.
Nuestra
Constitución, del “setenta y ocho”, de la que fui activista comarcal, fue
redactada en un clima de concordia, de cerrar heridas, de buenas intenciones.
No previeron los Constituyentes que se diera la situación de la llegada a la
presidencia de persona inmoral, egocéntrica cuya motivación vital no fuera otra
que el poder, sin reparar en medios; aunque dicha situación haya sido frecuente
a lo largo de la historia y en los momentos actuales. Buen ejemplo es el de
Venezuela, Cuba Nicaragua…, o el más grave de Rusia y la China comunista.
APOYATURA
LEGAL Y MORAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, COPIANDO LOS FRAGMENTOS AL EFECTO, PARA LA SUGERENCIA EXPUESTA.
Artículo 1
España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político.
En la
situación actual se está menoscabando la justicia (con reformas ad hoc del
Código Penal para indultar según qué y
quiénes delitos) y rompiendo la igualdad entre españoles por las desigualdades
en cuanto a financiación entre unas y otras Comunidades Autónomas.
Artículo 2
La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran
y la solidaridad entre todas ellas.
Esta “indisoluble unidad” se intentó romper en Cataluña. Sus autores han sido
indultados e intentado amnistiar al principal responsable, a cambio de los
siete votos necesarios para conseguir la Presidencia el actual Presidente.
También
en las concesiones a dicha “nacionalidad” se está rompiendo la solidaridad
entre “todas ellas”.
Artículo
8
Las
Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia
de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Artículo
56
1. El Rey es el Jefe del
Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento
regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado
español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su
comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la
Constitución y las leyes.
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Artículo 62
Corresponde al Rey:
b) Convocar y disolver las
Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la
Constitución.
h) El mando supremo de las
Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas son
las garantes de “defender la integridad territorial y el ordenamiento
constitucional”. Su Majestad es el Jefe supremo de dichas Fuerzas.
Los fragmentos del
articulado anteriormente transcritos, considero son de rango muy superior al Art. 64, al de la refrendación de las
decisiones por parte del Presidente del Gobierno. En determinadas situaciones
pueden entrar en conflicto. Por ej.: cuando se trate de defender el
ordenamiento constitucional, como en este momento ocurre.
Las más altas instancias
judiciales, hasta ahora, han considerado que en la aprobación de la Ley de
Amnistía se va contra el “ordenamiento constitucional”. Ahí existe motivo para
que prevalezcan les prerrogativas que la C.E. confiere a su persona, en cuanto
a disolver las Cortes, por ej., por encima del refrendo presidencial.
Artículo 102. La responsabilidad
criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su
caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo…
O sea: contempla la Constitución la responsabilidad criminal del
Presidente, exigible ante el Tribunal Supremo. Y, dada la colonización de la
justicia, ¿quién le acusaría?
Supongamos que en alguna actuación presidencial exista responsabilidad.
Sin suponer, en todo lo actuado hasta ahora por los jueces se ven indicios de
delito, por los que están imputadas personas de su círculo familiar y político.
Pues ya está, a legislar (Propuesta para restringir las acusaciones públicas en
los procesos, las investigaciones periodísticas), para atar las manos a la
justicia.
Existe contradicción constitucional en cuanto quien es la “más alta
Jerarquía de la Nación”, aunque lo sea Su Majestad constitucionalmente, no lo
es así en la práctica.
Sin embargo, como las leyes deben ser hijas de la razón y del sentido
común, en esta contradicción constitucional, la mayoría de los españoles
clamamos, “gimiendo y llorando” ante Su Majestad, para que, “arbitrando y
moderando” (Art. 56 C.E.) adopte la decisión expuesta al principio:
DISOLVER LAS CÁMARAS Y CONVOCAR ELECCIONES GENERALES.
Dada la situación política, cómo actúa en beneficio propio el actual
Presidente, creo Su Majestad, en esa decisión, para evitar el despeñadero al
que España se conduce, estaría lleno de toda la fuerza de la razón, de la moral
y, por tanto, de la Ley. Insisto: éstas (las leyes) deben ser hijas de lo justo, de la razón y del sentido común. Su Majestad es el arbitro de un partido en que el gobierno está fuera de juego.
Mire don Felipe: Fui el nieto mayor de una abuela a quien “le habían
llevado” a sus cuatro hijos a la guerra, y matado al segundo. Al llegar al
mundo, cinco años después, el primer nieto, mi abuela me adoptó para volcar en mí el cariño del
hijo “matado”. Bien pronto comencé a vivir la tragedia, a interesarme por el
conflicto. He leído todo. Además de la copiosa transmisión oral, he investigado
lo sucedido en este pueblo; rescatado del olvido a las cuarenta y cuatro “Víctimas
de la guerra civil en Villalpando” (título del libro) entre ambos bandos;
asistido, como ponente, a seminarios; siempre con la objetividad y la compasión
como lema; en mi bitácora le he dedicado veinticuatro capítulos a rebatir la
tergiversación histórica de las leyes de la “mala memoria histórica, más tarde
de la democrática”.
De aquella tragedia pasamos página con la Transición, cuando todavía
vivían, y se abrazaron, muchos de los contendientes. Por ej.: mi suegro y mi
padre, rivales políticos y enemigos hasta entonces.
De la situación política actual detesto la corrupción y la degradación
moral, de quienes recurren hasta a lo más abyecto (intentar resucitar odios
entre los españoles) con un relato maniqueísta y embustero, para mantenerse en
el poder.
Los logros de la Transición, de la Constitución del “setenta y ocho”,
peligran. En la coalición de gobierno predominan los enemigos de ambas: anacrónicas
ideologías rupturistas, frente-populistas; nacionalismos exacerbados (manchados
de sangre en el caso de los vascos) a
los que no renuncian.
Amigo don Felipe VI (Su Majestad). Mi pretensión se basa en argumentos,
primero morales, segundo legales. Esa Proposición de Ley, por la vía rápida, no
obedece más que a intereses espúreos personales. Es la gota que colma el vaso
de la riada que se puede llevar por delante el Estado de Derecho. Realicé usted
una encuesta y verá.
Por último, le ruego perdone mi atrevimiento. Me tranquiliza que he
intentado argumentar y no ofender.
Reciba un fuerte estrechón de manos.
Firmado: A. Modroño Alonso.
