A VER QUIÉN ES CAPAZ DE LEER LA SIGUIENTE CARTA ENTERA. Se admiten sugerencias y firmas.

 

Villalpando, (Zamora) 15 de enero de 2.025

Su Majestad don Felipe VI. Monarca Constitucional

Palacio de la Zarzuela.

M A D R I D.

            Querido amigo: Perdone que, al dirigirme a usted, adopte esta forma coloquial. Ello no es consecuencia de una falta de respeto, sino de la estima y el cariño que le profeso, junto a toda su familia.

            En el siglo XV los habitantes de esta villa, afligidos por guerras y pestes, buscaron la intercesión divina a través de la Virgen María, cuya concepción sin mancha de pecado original, juraron defender.

            Puede que en mi persona perdure el atavismo de los antepasados, por eso, ante la preocupante situación de España en lo político, social y económico, busco a una jerarquía superior que pueda remediarlo. No encuentro, no existe otra sino Su Majestad. Usted, por Ley, es la más alta jerarquía de la nación. Usted, por sus enormes valores humanos es la más alta jerarquía en lo moral, en lo ético. Usted puede, debe salvar a España. Es un momento histórico. Hemos avanzado desde la azarosa monarquía de su bisabuelo Alfonso XIII. Usted está dignificando la institución. Cuenta con el cariño, el respeto, el calor popular, que expresamos así que tenemos ocasión, la mayoría de los españoles, a quienes nos encantaría la  intervención real en estos momentos.

            Preocupante situación en lo económico y social:    

Vivimos en España 48.500.000 de personas. De ellas 22 millones escasos, trabajan. Pensionistas somos 9’3 millones. Sin trabajo, en edad laboral, 6’5 millones. Si sumamos los menores de 16 años, resulta que 26 millones y medio somos personas inactivas.

Si la carga de pensionistas y parados es enorme, lo es más teniendo en cuenta que en edad laboral CUATRO de cada DIEZ españoles no trabaja.

Si no fuera por la llegada de inmigrantes la población española hubiera entrado en recesión. La tan escasa natalidad no hubiera cubierto el relevo generacional. Mayor número de defunciones que de nacimientos. El aumento de población, de 40 millones en el 2.000 a 48’5 en la actualidad, es gracias a la llegada de 8’5 millones de inmigrantes. En edad laboral se incorporan al mercado UN MILLÓN DE JÓVENES  españoles menos que hace 20 años.

Gran problema el de la inmigración, que debería estar regulada, controlada. Son, por una parte necesarios, pero le llegada masiva de irregulares no es absorbible.

Nuestra productividad, nuestro PIB, llevan años estancados. Aumenta la población pero no la riqueza, los bienes de consumo. Los Presupuesto Generales del Estado son deficitarios. Gastamos más que producidos, de ahí el recurso al endeudamiento, a la deuda pública. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Peligran las pensiones en un futuro no lejano.

            TRES MILLONES CUATROCIENTAS MIL viviendas vacías existen en España, si bien distribuidas irregularmente, desde un 6`3% en Madrid. 250.000, hasta un 40% en Orense.

En el medio rural las desocupadas habitables, son el 70%, a pesar de los datos anteriores, los precios en todas las ciudades, sobre todo en las grandes, son inasumibles para los jóvenes.

El problema de la vivienda está muy relacionado con el abandono de los pueblos. Otro grave problema. Cada año se abandonan, por falta de relevo generacional, incluso relativamente modernas, explotaciones de ovino y bovino de leche. La producción está cayendo en picado. algo que también incide en el PIB.

Existe un desajuste entre el sistema educativo y el laboral, algún millón de jóvenes se forman para trabajos en los que no existe demanda; en cambio hay una oferta laboral en la construcción, hostelería, geriatría, agricultura y ganadería que, por falta de mano de obra, coarta estas actividades. Las residencias de ancianos, por ej., si no fuera por los inmigrantes no subsistirían.

La disminución de la natalidad de españolitos hace que a las Universidades, a las carreras de mayor dificultad, no accedan jóvenes suficientes. Así empiezan a escasear médicos. Si las aseguradoras cierran el concierto con MUFACE el sistema público de salud no podrá atender a una población de DOS MILLONES a mayores. Si ya, desde hace unos cuantos años nuestra sanidad pública, en las consultas externas, es muy precaria. Las listas de espera pasan de un año, impidiéndose así diagnósticos tempranos que aliviarían a la población a las hospitalizaciones.

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Aunque preocupante lo esbozado hasta ahora, no justificaría la decisión que, a su Majestad sugiero: DISOLVER LAS CORTES Y CONVOCAR ELECCIONES GENERALES, sí, en cambio, justificaría esta decisión, sin el refrendo presidencial, la gravedad de la situación política por la deriva autoritaria del actual gobierno, por el riesgo cierto contra la unidad de España, por el intento de colonización del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y Legislativo, maniobra típica de los regímenes totalitarios, con lo que se rompería el principio constitucional de la separación de poderes.

Aunque en la literalidad de la Constitución Española, en el Art. 64, se dispone que “los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno”, en el espíritu de la misma en otros artículos de rango muy superior podríamos encontrar apoyatura legal  y, sobre todo, moral para la decisión aludida.

Nuestra Constitución, del “setenta y ocho”, de la que fui activista comarcal, fue redactada en un clima de concordia, de cerrar heridas, de buenas intenciones. No previeron los Constituyentes que se diera la situación de la llegada a la presidencia de persona inmoral, egocéntrica cuya motivación vital no fuera otra que el poder, sin reparar en medios; aunque dicha situación haya sido frecuente a lo largo de la historia y en los momentos actuales. Buen ejemplo es el de Venezuela, Cuba Nicaragua…, o el más grave de Rusia y la China comunista.

APOYATURA LEGAL Y MORAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, COPIANDO LOS FRAGMENTOS AL EFECTO, PARA LA SUGERENCIA EXPUESTA.

Artículo 1

            España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

En la situación actual se está menoscabando la justicia (con reformas ad hoc del Código Penal para indultar según  qué y quiénes delitos) y rompiendo la igualdad entre españoles por las desigualdades en cuanto a financiación entre unas y otras Comunidades Autónomas.

            Artículo 2

            La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

            Esta “indisoluble unidad” se intentó romper en Cataluña. Sus autores han sido indultados e intentado amnistiar al principal responsable, a cambio de los siete votos necesarios para conseguir la Presidencia el actual Presidente.

            También en las concesiones a dicha “nacionalidad” se está rompiendo la solidaridad entre “todas ellas”.

            Artículo 8

            Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

 

Artículo 56

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

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 Artículo 62

Corresponde al Rey:

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas son las garantes de “defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Su Majestad es el Jefe supremo de dichas Fuerzas.

Los fragmentos del articulado anteriormente transcritos, considero son de rango muy superior al Art. 64, al de la refrendación de las decisiones por parte del Presidente del Gobierno. En determinadas situaciones pueden entrar en conflicto. Por ej.: cuando se trate de defender el ordenamiento constitucional, como en este momento ocurre.

Las más altas instancias judiciales, hasta ahora, han considerado que en la aprobación de la Ley de Amnistía se va contra el “ordenamiento constitucional”. Ahí existe motivo para que prevalezcan les prerrogativas que la C.E. confiere a su persona, en cuanto a disolver las Cortes, por ej., por encima del refrendo presidencial.     

Artículo 102. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo…

O sea: contempla la Constitución la responsabilidad criminal del Presidente, exigible ante el Tribunal Supremo. Y, dada la colonización de la justicia, ¿quién le acusaría?

Supongamos que en alguna actuación presidencial exista responsabilidad. Sin suponer, en todo lo actuado hasta ahora por los jueces se ven indicios de delito, por los que están imputadas personas de su círculo familiar y político. Pues ya está, a legislar (Propuesta para restringir las acusaciones públicas en los procesos, las investigaciones periodísticas), para atar las manos a la justicia.

Existe contradicción constitucional en cuanto quien es la “más alta Jerarquía de la Nación”, aunque lo sea Su Majestad constitucionalmente, no lo es así en la práctica.

Sin embargo, como las leyes deben ser hijas de la razón y del sentido común, en esta contradicción constitucional, la mayoría de los españoles clamamos, “gimiendo y llorando” ante Su Majestad, para que, “arbitrando y moderando” (Art. 56 C.E.)      adopte la decisión expuesta al principio: DISOLVER LAS CÁMARAS Y CONVOCAR ELECCIONES GENERALES.

Dada la situación política, cómo actúa en beneficio propio el actual Presidente, creo Su Majestad, en esa decisión, para evitar el despeñadero al que España se conduce, estaría lleno de toda la fuerza de la razón, de la moral y, por tanto, de la Ley. Insisto: éstas (las leyes) deben ser hijas de lo justo, de la razón y del sentido común. Su Majestad es el arbitro de un partido en que el gobierno está fuera de juego.

Mire don Felipe: Fui el nieto mayor de una abuela a quien “le habían llevado” a sus cuatro hijos a la guerra, y matado al segundo. Al llegar al mundo, cinco años después, el primer nieto, mi abuela me adoptó para volcar en mí el cariño del hijo “matado”. Bien pronto comencé a vivir la tragedia, a interesarme por el conflicto. He leído todo. Además de la copiosa transmisión oral, he investigado lo sucedido en este pueblo; rescatado del olvido a las cuarenta y cuatro “Víctimas de la guerra civil en Villalpando” (título del libro) entre ambos bandos; asistido, como ponente, a seminarios; siempre con la objetividad y la compasión como lema; en mi bitácora le he dedicado veinticuatro capítulos a rebatir la tergiversación histórica de las leyes de la “mala memoria histórica, más tarde de la democrática”.

De aquella tragedia pasamos página con la Transición, cuando todavía vivían, y se abrazaron, muchos de los contendientes. Por ej.: mi suegro y mi padre, rivales políticos y enemigos hasta entonces.

De la situación política actual detesto la corrupción y la degradación moral, de quienes recurren hasta a lo más abyecto (intentar resucitar odios entre los españoles) con un relato maniqueísta y embustero, para mantenerse en el poder.

Los logros de la Transición, de la Constitución del “setenta y ocho”, peligran.  En la coalición de gobierno predominan los enemigos de ambas: anacrónicas ideologías rupturistas, frente-populistas; nacionalismos exacerbados (manchados de sangre en el caso de los vascos)  a los que no renuncian.

Amigo don Felipe VI (Su Majestad). Mi pretensión se basa en argumentos, primero morales, segundo legales. Esa Proposición de Ley, por la vía rápida, no obedece más que a intereses espúreos personales. Es la gota que colma el vaso de la riada que se puede llevar por delante el Estado de Derecho. Realicé usted una encuesta y verá.

Por último, le ruego perdone mi atrevimiento. Me tranquiliza que he intentado argumentar y no ofender.

Reciba un fuerte estrechón de manos.

 

     Firmado: A. Modroño Alonso.