¡VAYA CONFLICTO!

 

                                             CONFLICTO ENTRE PODERES.

El Pleno Tribunal Constitucional,  con seis votos a favor y cinco en contra, admitiendo a trámite el recurso de amparo presentado por Diputados del Partido Popular,  ha paralizado  el debate de enmiendas presentadas por grupos de izquierdas en el Congreso de los Diputados con las que se pretendía reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Un poco de historia en lenguaje asequible: desde los comienzos de nuestra democracia existió siempre por parte de los políticos el afán de controlar, o al menos influir, sobre los jueces. Conviene recordar cómo influyó Felipe González sobre el entonces presidente del Constitucional, quien había regresado del exilio tras el franquismo, nuestro paisano Manuel García Pelayo, para que éste, con su voto de calidad, decidiera sobre la constitucionalidad de lo de Rumasa. Don Manuel  votó contra su conciencia, dimitió y regresó al exilio.

A finales del siglo pasado, conocí, viví desde dentro la corrupción del Partido Popular en el Caso Zamora y el Casito Villalpando. Entonces, que ahora no, tenían con ellos al Presidente de la Audiencia Provincial, quien después de tapar ambos, se largó a las Canarias.

En la condena al inocente, producida en el Juzgado de Villalpando en 2.017, tan injusta y arbitraria, no sé si influiría (no me explico las motivaciones) el PP. La Audiencia Provincial de Zamora y en el Tribunal Supremo hicieron justicia. Así espero que ocurra con la Fiscalía Anticorrupción, pues todo lo ocurrido con lo de “las corraletas” no debe quedar impune.

Esta lucha por colocar a los afines en los  más altos  órganos judiciales entre PP y PSOE, viene de muy lejos. Siendo cierto no debemos meter en el mismo saco descalificador a todo el estamento judicial, aunque nos escandalice los de jueves “progresistas” y jueces “conservadores”. El poder político no pudo evitar que jueces imparciales hayan hecho justicia en todos los casos de corrupción del PSOE y del PP.

¿Qué pasa ahora? Pues que lleva cuatro años sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial, por culpa del PP, quien tiene mayoría en el mismo de “conservadores”, e igual en el Constitucional.

Presenta el gobierno y sus socios, presionado por los catalanes, en el Congreso de los Diputados, un proyecto de ley para reformar el Código Penal, rebajando las condenas en los casos de sedición y malversación.  Una vergüenza. Aprovechando la ocasión, grupos de izquierdas presentan proposiciones para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pretendían con ello desatascar la situación para nombrar nuevos vocales que, supuestamente, serían de su cuerda.

Va, entonces el PP, y presenta recurso de amparo ante  el TC, pidiendo se paralice el trámite parlamentario de discusión y votación de tales propuestas. El PSOE presenta recurso solicitando la recusación de dos magistrados “conservadores” quienes tienen caducado el mandato. Es inadmitido.

Anoche, a última hora, salta en notición con que encabezo este artículo: El Constitucional admite a trámite el RECURSO DE AMPARO presentado por el PP, y, no es sólo que admita a trámite el recurso tal, sino que ordena suspender cautelarmente la discusión y votación parlamentaria de dichas propuestas modificatorias de aludidas leyes. Resumiendo: el TC imponiendo su criterio sobre un parlamento en el que radica la soberanía popular.

La apoyatura jurídica en que esta decisión se asienta, “porque la cuestión planteada es de relevante y general repercusión social, y que, además, tiene unas consecuencias políticas generales, (Art. 50.1 de la LOTC) es muy endeble. Desgraciadamente la decisión obedece más a consideraciones políticas (6 votos a favor, dos de ellos con el mandato ya caducado, cinco magistrados han anunciado su voto particular, en contra, supongo).

Aclaro: “admitir a trámite el recurso” no es más que el comienzo de un proceso, de un pleito que, veremos cómo acaba. No es que haya una sentencia que anule las propuestas de reformas y la validez de su aprobación.

El “Auto” del Constitucional contempla otra decisión, además de la de admitir a trámite el recurso, la medida urgentísima de suspender la tramitación del debate en el Congreso de los Diputados. Busca apoyatura legal, que yo no encuentro, en el Art. 56.6 de la referida LOTC.

Lo malo es que la reforma del Codigo Penal, rebajando las penas por sedición y malversación, sigue adelante en el Senado.