sábado, 24 de noviembre de 2018

NUEVA CARTA A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.




     
SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS.

GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.

          Estimado señor: ¡Gracias! por su respuesta a mis consideraciones sobre el problema catalán. Animado por esa receptividad tan democrática, me atrevo a sugerirles posibles soluciones al grave problema de la vivienda
.
          Partamos de la siguiente premisa: si bien la propiedad privada es un derecho ciudadano recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ésta ha de verse limitada por el bien común, ha de cumplir una función social. Lo contrario es el antinatural capitalismo salvaje.

          Y obedezcamos a la razón y al sentido común. ¿Es justo que en España existan tres millones de viviendas desocupadas y haya miles de  ciudadanos en la calle? Cuando el salario mínimo interprofesional es de setecientos y pico euros, ¿es justo que los alquileres en Barcelona, Madrid, Valencia… excedan esa cuantía?

          Vayamos ahora a los pueblos, a las zonas rurales: despoblación galopante. Aquí, en esta comarca de “Tierra de Campos”, la estepa cerealista,  forrajera, ganadera, y más cosas que podría ser, estamos al borde de la desertización. Si un solo tractorista, que hasta puede vivir en la ciudad, maneja cientos de hectáreas… En aldeas en que vivieron 600 personas, antes de la emigración, quedan trece “señores Cayo”. Si bien ya no como aquel. Ahora viven en casas confortables; luz, por supuesto, agua, desagüe, baños por lo tanto, calles asfaltadas y todos los servicios a diez minutos en la cabecera de comarca.

          Tres mil son las viviendas deshabitadas de forma permanente en la provincia de Zamora, sin contar la capital. Hablamos de casas habitables, y, si no se hace algo, sin prespectivas de serlo.

          Bosquejado el cuadro sugerimos medidas, leyes (algo ya se está oyendo desde alguna institución): En las ciudades, según el barrio y las características de las viviendas,  fijar, por ley, un tope máximo a los alquileres, que no debería exceder de la mitad del salario mínimo interprofesional.

          En el medio rural: distingamos entre las aldeas al borde del abandono y las villas donde puede haber una pequeña demanda.

          En el primer caso se da la circunstancia de herederos que renunciarían a heredar una casa pues han de pagar por el impuesto de sucesiones, ( las notarías, fijan unos valores de alrededor de 40.000 euros). mucho más que vale el bien, que es nada, nadie las compra ni las habita.

¡Pues bien!: esas viviendas podrían pasar a ser propiedad de un organismo oficial, dependiente de las Diputaciones, o de las Comunidades, que las pondrían a disposición de españoles de las ciudades o inmigrantes que quisieran habitarlas. Existen posibilidades de vida para inmigrantes, con casa gratis, incluso para alojar a los de las pateras. Por supuesto que todo de forma supervisada por las administraciones.

          También en las aldeas,  a otros propietarios, que tienen puestas sus casas en venta, que nadie compra, y pretenden les valgan treinta o cuarenta mil euros, habría que aplicarles un gravamen en el IBI, para animarlos a vender por cantidades asequibles, 10.000 euros por ej., para vivienda de verano o para desposeídos. Y si no encontraran a quién, pues regalarlas, bien al organismo dicho o a particulares. Las primeras deshabitadas, cuando la oleada emigratoria de los sesenta, ya se han arroñado. Ya nada valen. Ese es el camino que le espera a las que siguen en pie, porque las han restaurado, arreglado: valer nada. Y entre tanto ocasionarles gastos de impuestos, tasas y servicios. Cuanto antes vendan muy baratas, o las regalen, antes dejan de perder.

          Este gravamen debería  aplicarse, con más razón, a las de las villas (en la mía, habitadas todo el año está el 30%. Al menos un 40% son las que se abren en verano y puentes festivos. Deshabitadas permanentemente existe, por lo menos otro 30 %, y sin esperanza de serlo), donde los propietarios, absentistas, pretenden unos precios muy por encima de la demanda y de las posibilidades de algún que otro posible comprador.

 El resultado es años y años con el cartel de SE VENDE y/o anunciadas en internet. Ese gravamen, fuerte, a las desocupadas, haría entrar en razón a sus dueños. Esas casas por las que piden, cuando menos, 55.000 euros, por 20.000 podrían tener compradores. Y sería un beneficio para los propietarios, quienes, al final se quedarán sin casa (las del cartel furruñoso de hace doce años, están dejando ya de estar para entrar a vivir en ellas) y sin dinero.  y para la vida en el pueblo. Esos precios asequibles atraerían a cierta población. Y sería un beneficio para los propietarios,

Espero tengan en cuenta estas sugerencias, tan de sentido común.
Reciban mi saludo más cordial.

         

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