SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS.
GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
Estimado
señor: ¡Gracias! por su respuesta a mis consideraciones sobre el problema
catalán. Animado por esa receptividad tan democrática, me atrevo a sugerirles
posibles soluciones al grave problema de la vivienda
.
Partamos de la
siguiente premisa: si bien la propiedad privada es un derecho ciudadano
recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ésta ha de verse
limitada por el bien común, ha de cumplir una función social. Lo contrario es
el antinatural capitalismo salvaje.
Y obedezcamos
a la razón y al sentido común. ¿Es justo que en España existan tres millones de
viviendas desocupadas y haya miles de
ciudadanos en la calle? Cuando el salario mínimo interprofesional es de setecientos
y pico euros, ¿es justo que los alquileres en Barcelona, Madrid, Valencia… excedan
esa cuantía?
Vayamos ahora
a los pueblos, a las zonas rurales: despoblación galopante. Aquí, en esta
comarca de “Tierra de Campos”, la estepa cerealista, forrajera, ganadera, y más cosas que podría
ser, estamos al borde de la desertización. Si un solo tractorista, que hasta
puede vivir en la ciudad, maneja cientos de hectáreas… En aldeas en que
vivieron 600 personas, antes de la emigración, quedan trece “señores Cayo”. Si
bien ya no como aquel. Ahora viven en casas confortables; luz, por supuesto,
agua, desagüe, baños por lo tanto, calles asfaltadas y todos los servicios a
diez minutos en la cabecera de comarca.
Tres mil son
las viviendas deshabitadas de forma permanente en la provincia de Zamora, sin
contar la capital. Hablamos de casas habitables, y, si no se hace algo, sin
prespectivas de serlo.
Bosquejado el
cuadro sugerimos medidas, leyes (algo ya se está oyendo desde alguna
institución): En las ciudades, según el barrio y las características de las
viviendas, fijar, por ley, un tope
máximo a los alquileres, que no debería exceder de la mitad del salario mínimo
interprofesional.
En el medio
rural: distingamos entre las aldeas al borde del abandono y las villas donde
puede haber una pequeña demanda.
En el primer
caso se da la circunstancia de herederos que renunciarían a heredar una casa
pues han de pagar por el impuesto de sucesiones, ( las notarías, fijan unos
valores de alrededor de 40.000 euros). mucho más que vale el bien, que es nada,
nadie las compra ni las habita.
¡Pues bien!: esas viviendas podrían
pasar a ser propiedad de un organismo oficial, dependiente de las Diputaciones,
o de las Comunidades, que las pondrían a disposición de españoles de las
ciudades o inmigrantes que quisieran habitarlas. Existen posibilidades de vida
para inmigrantes, con casa gratis, incluso para alojar a los de las pateras.
Por supuesto que todo de forma supervisada por las administraciones.
También en las
aldeas, a otros propietarios, que tienen
puestas sus casas en venta, que nadie compra, y pretenden les valgan treinta o
cuarenta mil euros, habría que aplicarles un gravamen en el IBI, para animarlos
a vender por cantidades asequibles, 10.000 euros por ej., para vivienda de
verano o para desposeídos. Y si no encontraran a quién, pues regalarlas, bien
al organismo dicho o a particulares. Las primeras deshabitadas, cuando la
oleada emigratoria de los sesenta, ya se han arroñado. Ya nada valen. Ese es el
camino que le espera a las que siguen en pie, porque las han restaurado,
arreglado: valer nada. Y entre tanto ocasionarles gastos de impuestos, tasas y
servicios. Cuanto antes vendan muy baratas, o las regalen, antes dejan de perder.
Este gravamen
debería aplicarse, con más razón, a las
de las villas (en la mía, habitadas todo el año está el 30%. Al menos un 40%
son las que se abren en verano y puentes festivos. Deshabitadas permanentemente
existe, por lo menos otro 30 %, y sin esperanza de serlo), donde los
propietarios, absentistas, pretenden unos precios muy por encima de la demanda
y de las posibilidades de algún que otro posible comprador.
El resultado es años y años con el cartel de
SE VENDE y/o anunciadas en internet. Ese gravamen, fuerte, a las desocupadas,
haría entrar en razón a sus dueños. Esas casas por las que piden, cuando menos,
55.000 euros, por 20.000 podrían tener compradores. Y sería un beneficio para
los propietarios, quienes, al final se quedarán sin casa (las del cartel
furruñoso de hace doce años, están dejando ya de estar para entrar a vivir en
ellas) y sin dinero. y para la vida en
el pueblo. Esos precios asequibles atraerían a cierta población. Y sería un
beneficio para los propietarios,
Espero tengan en cuenta estas
sugerencias, tan de sentido común.
Reciban mi saludo más cordial.
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