DEJARAN DE SER PRESOS PERO SEGUIRÁN SIENDO ASESINOS

Por triste que sea reconocerlo, las víctimas han ocupado un lugar marginal en la lucha contra el terrorismo y sus secuelas.

Durante los años ochenta y parte de los noventa, prácticamente fueron ignoradas. Después, durante un tiempo, adquirieron cierta visibilidad y se les dio más protagonismo. Fueron los años del pacto antiterrorista y de la Ley de Partidos, los años en los que ETA y su submundo quedaron acorralados y señalados como lo que son: una banda criminal y totalitaria. Pero esos años pasaron, y llegaron los de la negociación. Y entonces las víctimas volvieron a ser, sobre todo, un incordio.

Si no hay víctimas, no hay crimen. Si las víctimas se marginan, el crimen se diluye. Desde hace tiempo, todo el debate sobre el terrorismo gira en torno a los presos. Así se les llama, sin más: los presos.

Presos ha habido siempre. El hecho de serlo ni significa ni siquiera haber hecho nada malo. Todas las dictaduras tienen presos de conciencia, presos políticos que lo son por ejercer una libertad que está prohibida.

Sin duda, Inés del Río, Henri Parot y compañía son presos. Pero son algo más: convictos por múltiples asesinatos que sufren condena en un país democrático. El día que salgan de la cárcel dejarán de ser presos, pero serán criminales hasta sus últimos días.

Sin embargo, todo la estrategia del mundo de ETA-Batasuna (los Sortu, Bildu, Amaiur, Herrira...) pasa por convertir a esos "presos" (a esos criminales) en víctimas.

Víctimas de un Estado represor, de un simulacro de justicia, de un conflicto ancestral... Una vez cumplida su pena, se reincorporan a la sociedad entre homenajes y aurreskus. Y, por supuesto, no se puede admitir que se les recuerde que si estuvieron en la cárcel fue porque mataron a alguien, porque causaron verdaderas víctimas que nunca podrán volver a su casa.

ETA y su mundo celebra todo: celebraba los asesinatos cuando los había y celebra las sentencias cuando les conviene. Hoy, tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que recordar que ellos son lo contrario a la democracia, a la justicia, y a los derechos humanos. Que simplemente se sirven de las instituciones cuando les interesa, y las socavan por medios criminales cuando no. Ellos siempre celebran, pero eso no quiere decir que debamos concederles victorias que no les corresponden.

La sentencia habrá que cumplirla, porque la democracia, aquello que ETA ha luchado por destruir, no va a rendirse. Pero el Gobierno tiene margen de maniobra para aplicar el fallo pensando en las víctimas. Tal y como ha pedido Rosa Díez, debe actuarse sin violentarlas. Hay que hacer un esfuerzo por recordar que las personas que verán rebajadas sus penas son los asesinos de cientos de ciudadanos con nombres y apellidos.

Hombres y mujeres, militares y civiles, policías y obreros, concejales y jueces, adultos y niños. Y que hay más de 300 asesinatos de ETA impunes, pendientes de resolver, sobre los cuales muchos de los que se beneficiarán de la sentencia del TEDH conocen datos decisivos.

El Gobierno debe corregir el rumbo. No se puede consentir que los totalitarios establezcan los términos del debate. ¿En cuántas ocasiones ha dicho el ministro del Interior que hay motivos para ilegalizar a los comandos políticos de ETA, para después no hacer nada?

¿Habrá que recordar otra vez el caso de Bolinaga, o los cambios en la política penitenciaria, o la inacción ante la estancia pública y notoria de los jefes terroristas en Noruega?

Aplicar la sentencia de Estrasburgo de la forma menos dañina para las víctimas debe ser sólo el primer paso de un cambio radical, de volver al camino de firmeza democrática y claridad en el discurso, de volver a llamar a las cosas por su nombre y poner a cada uno en su lugar. Honrar a las víctimas y plantar cara a los criminales y a sus amigos.